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Nubes sobre el Mar

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sábado, 18 de octubre de 2014

Las víctimas del terrorismo todavía esperan justicia

Fruto de las I Jornadas “Eficacia del Estado de Derecho frente al Terrorismo” organizadas por la AVT, se establece un decálogo de tareas pendientes para una verdadera justicia con las víctimas del terrorismo.
REDACCIÓN HO.-  La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) celebró los días 30 de septiembre y 1 de octubre la primera edición de las Jornadas 'Eficacia del Estado de Derecho frente al Terrorismo' en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Las jornadas han sido todo un éxito de participación y repercusión en redes sociales, gracias al nivel de los ponentes participantes en cada uno de los paneles:
  • El panel I Leyes eficaces para combatir el terrorismo contó con las intervenciones de Ignacio Astarloa, Arturo García Tizón y Jesús Zarzalejos.
  • El panel II Los Tribunales de justicia frente al terrorismo contó con las intervenciones de Ignacio Gordillo, Juan Moral, Antonio Guerrero y Carmen Ladrón de Guevara.


Durante el discurso de inauguración de las jornadas, la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, fue muy crítica con la aplicación que nuestras instituciones están haciendo de las leyes y dejó patente el abandono y el desamparo que desde hace meses sufren las víctimas del terrorismo. Concluía su intervención con una pregunta: «¿Se ha hecho verdadera justicia con las víctimas del terrorismo?» Su respuesta fue rotunda: «No
El contenido de las jornadas y la pregunta con la que Ángeles Pedraza cerraba su discurso han llevado a la AVT a elaborar un decálogo de tareas pendientes, necesarias para lograr ofrecer a las víctimas del terrorismo, la justicia que merecen, y que por su interés ofrecemos a continuación: 
 
¿Se ha hecho verdadera justicia a las víctimas del terrorismo
Decálogo de tareas pendientes para una verdadera justicia con las víctimas del terrorismo
Desde la instauración de nuestro sistema democrático han sido muchos los avances, tanto en materia legislativa como en materia de justicia, que se han desarrollado para hacer frente a la amenaza terrorista. A pesar de ello son muchas las tareas pendientes para llegar a poder hablar de una verdadera justicia a las víctimas del terrorismo.
El art. 1 de la Constitución española propugna, entre otros, la justicia como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico; de ahí que reclamemos la utilización de todos los mecanismos que nos proporciona el Estado de Derecho para vencer definitivamente al terrorismo.
A día de hoy, la amenaza del terrorismo en nuestro país es una amenaza viva. Por un lado, la pervivencia de la organización terrorista ETA, y por otro, las nuevas formas de terrorismo que han golpeado en los últimos años nuestro país, obliga a nuestras instituciones a permanecer alerta y a no relajarse ni un ápice.
Es por todo ello que, en estos tiempos en los que por parte de nuestras instituciones se ha dado por vencido al enemigo del terrorismo, y principalmente del terrorismo de ETA antes de tiempo, venimos a reivindicar una serie de tareas pendientes fundamentales para poder hablar de una verdadera derrota del terrorismo, que pasa necesariamente por hacer justicia a todas y cada una de sus víctimas.
  1. En nuestra historia más reciente, España ha sido golpeada por la acción de los terroristas en múltiples ocasiones. Se pueden contar por cientos los atentados terroristas sufridos en nuestro país. Atentados terroristas atribuidos a diversos grupos terroristas y de los que, a día de hoy, podemos afirmar que más de un 30 % aún continúa sin esclarecer la autoría material de los mismos.   De ahí que, frente a los intentos de algunos de mostrar el problema del terrorismo en España como un problema del pasado, reclamemos la utilización de todos los instrumentos que posibilita el Estado de Derecho hasta conseguir el esclarecimiento de todos y cada uno de los atentados terroristas que todavía están sin resolver.
  2. A lo largo de los años, nos hemos ido dotando del marco jurídico necesario para combatir el terrorismo. Instrumentos legales con los que hemos ido cerrando todos los espacios de impunidad de los que venían gozando los terroristas. Buenas leyes, respetuosas con los principios generales del derecho y que han pasado los filtros de legalidad fijados por nuestros tribunales y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es por ello, que frente a los intentos de deslegitimación de nuestras leyes, ignorándolas o interpretándolas de manera sesgada e interesada, reclamamos la aplicación de la ley,  solo la ley, pero TODA la ley para acabar con el terrorismo.
  3. Dentro de ese marco jurídico, ha jugado un papel destacado la Ley de Partidos políticos que posibilitó la ilegalización de las formaciones políticas  -Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna- consideradas el frente institucional de la organización terrorista ETA. Gracias a esta ley, conseguimos expulsar de nuestras instituciones a aquellos que no pretendían otra cosa que acabar con las mismas. Una victoria de la democracia que hoy vemos empañada por la presencia de sus sucesores de nuevo en nuestras instituciones. De ahí que reclamemos la puesta en marcha de la maquinaria jurídica necesaria para ver fuera de nuestras instituciones a los que no son otra cosa que el altavoz institucional de los terroristas.
  4. Igualmente, reclamar la vigencia de la ley es reclamar su aplicación por parte de los tribunales de justicia. Tribunales de justicia conformados por jueces que deben realizar sus funciones sometidos, única y exclusivamente, al imperio de la ley y sin dejarse embaucar por efluvios de “la reconciliación” y los “nuevos tiempos de paz y convivencia”. Es por ello que queremos alzar la voz y dar  alarma frente a la estrategia, impulsada por determinados sectores políticos y sociales, provenientes mayoritariamente del País Vasco, y amparados por algunos miembros de la judicatura, consistente en buscar nuevas interpretaciones a la ley en un nuevo escenario sin ETA buscando favorecer en todo momento a los acusados por su relación con la actividad terrorista de ETA.
  5. De la misma manera, reclamamos la aplicación de todos los instrumentos que nos ofrece el Estado de Derecho para neutralizar los intentos de vaciar las cárceles de terroristas, a través de argucias legales: ya sea a través de la puesta en libertad de presos enfermos supuestamente muy graves (pero con una esperanza de vida de años), de tratos de favor y liberaciones de presos supuestamente arrepentidos (arrepentimientos de formulario que en ningún caso se han traducido en colaboraciones concretas con las justicia, tal y como establece la ley) o buscando reducciones de la estancia en prisión de los presos a través de medidas como la derogación de la doctrina Parot, el doble cómputo de la prisión preventiva o ahora el cómputo de las penas cumplidas en territorio francés.
  6. Que la organización terrorista ETA es mucho más que un grupo de pistoleros lo han constatado numerosas resoluciones judiciales de la Audiencia Nacional (Caso Jarrai-Haika-Segi, Caso Kas-Ekin, Caso Gestoras Pro Amnistía-Askatasuna, Caso Batasuna-Herriko Tabernas). Gracias a ellas se pudo llevar a ETA a una situación de debilidad al desmantelar todo el entramado social, político, económico y cultural que la sustentaba y la sustenta. De ahí que reclamemos que se continúe con ese valioso trabajo, tanto policial como judicial, por desenmarañar ese complejo entramado, en estos momentos en los que la amenaza del terrorista de ETA es menos intensa.  
  7. Por desgracia, en los últimos años estamos presenciando un goteo de excarcelaciones (provocadas por diversos motivos) y de permisos penitenciarios sin que las víctimas del terrorismo puedan pronunciarse al respecto. Es por ello que exigimos las reformas legales necesarias para que las víctimas del terrorismo puedan ser parte en la ejecución de las sentencias y en el trámite penitenciario.
  8. Por desgracia, muchos de los atentados terroristas que estarán aún sin resolver han sido cometidos hace más de 20 años por lo que la responsabilidad penal de sus autores estaría prescrita. Consideramos que el hecho de que la responsabilidad penal prescriba no despoja a las víctimas del terrorismo de su derecho a conocer la verdad de lo ocurrido. Es por ello que exigimos que se articulen los mecanismos necesarios para que en los casos en los que la responsabilidad penal de los autores materiales hubiera prescrito se posibilite a las víctimas del terrorismo conocer la verdad de lo ocurrido.
  9. El esfuerzo del Estado de Derecho por combatir el terrorismo no termina en nuestras fronteras y debe de traducirse en medidas de cooperación internacional. Sí bien es cierto que se ha avanzado mucho en este campo, todavía observamos como determinados países se muestran reacios a facilitar la entrega de terroristas detenidos en sus territorios y reclamados en España por delitos de terrorismo o como en determinados países se vende una imagen distorsionada de los terroristas, como si de auténticos luchadores por la libertad se trataran. De ahí que sea importante recordar la importancia de la cooperación internacional para combatir la amenaza del terrorismo, una amenaza global  que necesita de una respuesta global para hacerla frente
  10.  Por último, todas estas medidas resultarían papel mojado si no van acompañadas de una tenaz defensa de los principios y valores de nuestra convivencia democrática frente al chantaje terrorista, así como de la defensa de la justicia como valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico. Defensa que necesariamente tiene que provenir de todos los demócratas por encima de siglas o partidos políticos. Es por ello que reclamamos a nuestras instituciones un compromiso claro por la defensa y el impulso de las medidas jurídicas necesarias para ofrecer una verdadera justicia a las víctimas del terrorismo en sintonía con lo manifestado en los puntos anteriores. http://www.hazteoir.org/noticia/62885-se-ha-hecho-verdadera-justicia-victimas-terrorismo

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